08 de marzo del 2024. San José, Costa Rica - El Conservador CR- Era el año 2015 se daba el Acuerdo de la Agenda 2030 y Costa Rica fue firmante del mismo, como tal, tenía que pasar a ser analizado en la Asamblea Legislativa para ser implementado, cosa que no sucedió. Por lo que, el gobierno de Luis Guillermo Solís decidió evitarse todo el atraso que ello conllevaría y decidió hacer un Decreto Ejecutivo que le daría legalidad máxima a la Agenda y a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Siendo así, que firmó el Decreto Ejecutivo N° 40203-PLAN-RE-MINAE en el año 2017, bajo el nombre “Gobernanza e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Costa Rica” (Ver aquí), que da amplia legalidad a los ODS. Junto a esto, también firmaron el Pacto Nacional por el Avance de los ODS, que fue firmado por todos los sectores del país, como un compromiso para que fuera puesto en marcha.
La obligación de que las instituciones del Estado implemente los ODS nace de la legalidad que demuestran los términos, por ejemplo, el uso de “deberán”, eso lo vemos en el Artículo 2 del Decreto:
“La Administración Pública y los ODS. Todas las instituciones públicas, dentro del ámbito de sus competencias, dependencias y autonomías, deberán prestar colaboración para el cumplimiento de los ODS en Costa Rica, conforme al principio de la debida coordinación interinstitucional.”
Lo que no indica son las consecuencias, por la no participación de las instituciones del Estado en la implementación de los ODS, pero claramente la OBLIGACIÓN existe.
También menciona y legaliza a una especie de policía de los ODS denominado Comité Técnico de los ODS, en el Decreto se refiere a la “verificación” del avance de los ODS, esto lo menciona el Artículo 11:
“Comité Técnico de los ODS. Se crea el Comité Técnico de los ODS, presidido por la o el coordinador de la Secretaría Técnica, con el objetivo de verificar la realización de los compromisos específicos asumidos por las organizaciones públicas para el cumplimiento de los ODS en Costa Rica. El Comité Técnico estará integrado por delegados de todos los Ministerios y podrá convocar a representantes de entes descentralizados para que coadyuven con sus labores.”
La legalidad de la Agenda 2030 en Costa Rica generó que se gestionara toda una estructura con cargo económico al Estado, cubierto por nuestros impuestos, ya que los funcionarios del MIDEPLAN que intervienen en el desarrollo de los ODS son empleados del gobierno, dedicados a una agenda internacional sin relevancia para la ciudadanía.
Esta legalización de la Agenda 2030 en Costa Rica, le abrió las puertas de par en par a la ONU, para que intervenga en el avance del Estado mismo, porque el Plan Nacional de Desarrollo gira y se encamina en torno a los ODS.
Es momento de avanzar con acciones legales contra la agenda nefasta y librarnos de ella, así mismo, evitar que en adelante esto vuelva a suceder, como por ejemplo con el Acuerdo Pandémico.
Coloquialmente en Costa Rica, esto se llama “una metida de diez con hueco”.
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En la reciente reunión de los "salvadores del planeta", donde el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado, sólo fue a hacer el ridículo, nos terminaron de vender, ningún medio nacional ha expuesto la barbarie que es la capitalización de la naturaleza por el globalismo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha atribuido la potestad de interferir en la soberanía de todos sus países miembros para la toma de decisiones en cuanto al manejo interno de la pandemia del COVID -19. Y así lo pretende continuar haciendo, de firmarse un acuerdo internacional donde dirán cuales serán las medidas que tendrán que adoptar cada país frente a futuras pandemias.
Una vez más un gobierno de la República de Costa Rica aprovecha mientras el pueblo está entretenido con el juego mundialista en Catar de la Selección Nacional y le mete al pueblo un golazo.