ACUSAN ANTE LA CORTE PENAL A ORGANISMOS POR UTILIZAR LA AGENDA 2030 CONTRA LA HUMANIDAD

 De la redacción 10/02/2026

Ramón: Martínez-López, soberano de la REPÚBLICA AMBULANTE ha realizado una denuncia en la Corte Penal Internacional (CPI) contra Estados y entidades registradas como corporaciones, de crímenes contra la humanidad, entre ellos por fraude, corrupción, abuso de poder, esclavitud moderna vía impuestos y registros civiles, violaciones de derechos humanos, vigilancia masiva, intoxicación ambiental, uso indebido de vacunas, y manipulación de la democracia. Se señala la responsabilidad directa de organismos como la OMS, la ONU con su Agenda 2030, considerada un proyecto corporativo para eliminar soberanía e imponer control económico y social.

El documento de demanda afirma que:

• No existe consentimiento válido ni contrato legítimo entre las personas y los Estados/corporaciones.
• El uso de ficciones jurídicas, lenguaje legal fraudulento (GLOSSA) y registros UCC invalida procesos judiciales y contratos.
• Los Estados que operan como corporaciones han perdido soberanía y legitimidad constitucional.
• La humanidad y la Naturaleza poseen soberanía superior al Estado; la Tierra no es propiedad comerciable.
• Los seres humanos no pueden ser considerados activos, garantías ni mercancías.

Se invoca el derecho a resistir la opresión, la nulidad de las decisiones basadas en fraude legal, y la vigencia de una ley global de derecho natural centrada en la soberanía humana y de la naturaleza. Al no haberse refutado formalmente estos planteamientos, se concluye que los hechos denunciados constituyen crímenes contra la humanidad y violaciones graves de derechos fundamentales.

Además, la Agenda 2030 como eje del proyecto corporativo global es la expresión más acabada del modelo de gobernanza corporativa global. No se trata de un acuerdo humanitario ni de desarrollo sostenible, sino de un programa diseñado y dirigido por corporaciones privadas, foros económicos y organismos supranacionales, sin consentimiento real de los pueblos.

El documento de denuncia afirma que, bajo conceptos como bien común, emergencia climática, salud global o sostenibilidad, la Agenda 2030 persigue:

• La eliminación progresiva de derechos individuales inalienables.
• La transferencia de soberanía nacional hacia entidades no electas.
• El control económico mediante monedas digitales y sistemas financieros centralizados.
• La vigilancia masiva y el control social a través de datos biométricos y tecnología.
• La reingeniería social y demográfica, incluida la reducción poblacional.

Desde esta óptica, cualquier política pública alineada con la Agenda 2030 carece de legitimidad si no ha sido aceptada explícitamente por los ciudadanos mediante consentimiento informado.

Rechazo explícito y retiro de consentimiento

El texto de demanda enfatiza que el consentimiento no puede presumirse, ni derivarse del silencio, ni imponerse por ley, decreto o política pública. Por ello, se declara de forma expresa, a no aceptación de la Agenda 2030 en pleno, el rechazo a la transferencia de datos personales a Estados o corporaciones sin daño probado a terceros.

El ser humano debe negarse a ser tratado como capital, activo financiero o garantía, en esta lógica, cualquier intento de imponer dichas políticas sería considerado un acto de coerción y, por tanto, una violación grave de los derechos humanos.

Derecho a resistir la opresión como principio superior

Apoyándose en declaraciones históricas de derechos humanos, el documento reafirma que cuando un gobierno viola los derechos naturales de libertad, propiedad, seguridad y dignidad, la resistencia deja de ser una opción y se convierte en un deber. Este derecho a resistir la opresión se presenta como individual y colectivo, bajo la moral, jurídico y natural; superior a cualquier legislación positiva emanada de un Estado corporativo.

Desde esta perspectiva, las estructuras de poder que operan contra la soberanía humana pierden toda autoridad legítima, hacia un nuevo orden basado en la soberanía humana y de la naturaleza.

El documento de demanda concluye proponiendo un cambio radical de paradigma, abandonar el modelo estatal-corporativo y restaurar un orden basado en el derecho natural, donde la Naturaleza es soberana y no propiedad, los ecosistemas no son activos financieros, el ser humano es soberano por su propia existencia, no por concesión estatal.

Ninguna corporación puede situarse por encima de los derechos inalienables, la ley válida, según el texto, no emana de corporaciones ni de tratados comerciales, sino de la verdad, la justicia, el consentimiento y la vida misma.

En conclusión, el documento de demanda presenta como una impugnación total al sistema político, jurídico y económico contemporáneo, acusándolo de fraude estructural y crímenes contra la humanidad. Al afirmar que sus planteamientos no han sido refutados, sostiene que la carga de la prueba recae ahora en los Estados y las corporaciones.

En última instancia, el texto no solo denuncia, sino que declara la recuperación de la soberanía humana, el retiro del consentimiento y la vigencia de un derecho superior que, según el documento, ningún poder corporativo puede anular.

Para detalles en particular aquí

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