5G ES EL NEGOCIO QUE DESMANTELA AL ICE Y ENTREGA EL PAÍS A INTERESES PRIVADOS
El gobierno Chaves Robles con la promesa de modernidad teje una red de favores, contratos secretos y empresas cuestionadas como DATASYS, mientras excluye rivales y entrega el espectro a dedo, bajo una clara cortina de corrupción
San José, Costa Rica. 27 de mayo del 2025 -El Conservador CR- El Gobierno de Rodrigo Chaves ha vendido la promesa del 5G como un salto hacia la modernidad, pero los contratos, las reuniones secretas y los aliados empresariales detrás de esa promesa revelan un entramado preocupante de favores, intereses privados y posibles actos de corrupción. Las decisiones recientes reflejan un giro preocupante hacia la privatización silenciosa del sector estratégico de telecomunicaciones, en beneficio de corporaciones extranjeras.
Costa Rica está siendo testigo de un proceso alarmante y es la desarticulación técnica, institucional y estratégica del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), bajo el pretexto de la implementación de la red 5G. Un proyecto que pudo haberse desarrollado con eficiencia, transparencia y defensa del interés nacional. Todo este desfalco al ICE a través de Radiográfica Costarricense (RACSA) surgió por un decreto de emergencia Nº 43542-MP-MICITT, por los ataques cibernéticos sufridos en el 2022.
El decreto presidencial que excluye a algunas empresas de participar en el desarrollo del 5G ha tenido consecuencias directas en la operatividad del ICE y ha generado grandes beneficios a empresas estadounidenses como CISCO. Tanto así que, las compras de instituciones públicas de equipo y licencias del fabricante Cisco pasaron de poco más de $1 millón en el año 2022 a más de $13 millones en 2023.
Asimismo, mientras los operadores privados Claro y Liberty avanzan rápidamente en la implementación de la red 5G, Kolbi queda rezagado, afectado por restricciones impuestas desde el Ejecutivo y sin acceso inmediato a las frecuencias necesarias. El ICE ha solicitado al gobierno reasignación de espectro para competir en condiciones equitativas, pero hasta ahora la respuesta ha sido el silencio.
El epicentro del escándalo se llama DATASYS Group, una empresa con antecedentes cuestionables en la región. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) del Ministerio Público investiga el contrato adjudicado por RACSA a la empresa Datasys, para implementar las redes empresariales de la tecnología 5G por un presupuesto que inicialmente era de $3 millones; pero cuyas órdenes de pedido aumentaron a poco más de $25 millones sin cumplirse un año, todo bajo un VELO DE CONFIDENCIALIDAD.
Varios funcionarios del ICE han admitido que DATASYS "facilitó contactos" para que el gobierno se reuniera con empresas extranjeras en Washington, como Cisco Systems, en el marco de la implementación de infraestructura para redes 5G.
¿Por qué el presidente Chaves y su ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, se reúnen con Cisco a puertas cerradas mientras se excluye sin debate público a proveedores asiáticos, bajo la excusa de seguridad nacional?
El ICE también dejó de lado -sin explicación técnica razonable- una alternativa nueve veces más económica y de implementación más rápida. A esto se suma que la SUTEL abrió la puerta a que se elijan ofertas no necesariamente más baratas, debilitando aún más los principios de competencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos.
El ICE ha defendido el uso de la tecnología Open RAN (Open Radio Access Network) como solución para el despliegue del 5G, pese a que esta aún no cuenta con validación plena en mercados más desarrollados, mucho menos en Costa Rica ya que requieren de una infraestructura y reconfiguración distinta a la actual, lo que significa más inversión. Adoptarla sin estudios piloto serios y sin garantías de interoperabilidad o rendimiento, implica un riesgo técnico elevado, cuya factura recaerá, una vez más, sobre los usuarios del servicio.
El impacto de estas decisiones no es menor, se estima que los clientes de Kolbi pagarán más por los servicios 5G debido al modelo impuesto por el gobierno. Lejos de democratizar el acceso a la nueva tecnología, se está generando un entorno desigual que favorece a actores privados transnacionales, mientras se encarece el servicio estatal.
Mientras tanto, los sindicatos del ICE denunciaron al gobierno Chaves Robles por presunto fraude en la devolución de frecuencias del espectro radioeléctrico, proceso esencial para el despliegue del 5G. La demanda alega que se ejerció presión política para saltarse la ley y beneficiar a privados con acceso privilegiado al espectro, dejando en evidencia un posible "traje a la medida" para ciertos jugadores.
El ICE y RACSA planificaron la gran estafa para la implementación del 5G que destruirá una de las instituciones más importantes y necesarias del país, con un negocio 400% más caro, todo fríamente bien calculado y planificado en secreto como ciertamente lo indicó el Director General de RACSA Mauricio Barrantes en comparecencia en la Asamblea Legislativa el pasado 27 de marzo.
Con este telón de fondo, la tecnología 5G en Costa Rica parece menos una revolución digital y más un vehículo para negocios oscuros entre el poder político y sus aliados empresariales. El país necesita conectividad, sí, pero no a costa de la transparencia, la legalidad y la soberanía tecnológica.
La empresa DATASYS Group dentro del entramado del escándalo 5G y el desmantelamiento institucional del ICE, RACSA y Kolbi, es clave para que se entienda el panorama completo y cómo cada pieza encaja en un esquema que podría calificarse como corrupción estructurada y dirigida políticamente.
La administración Chaves promueve un modelo privatizador disfrazado de modernización, el debilitamiento del ICE favorece una reconfiguración del mercado de telecomunicaciones a manos privadas, eventuales comisiones (corrupción), influencias o intereses personales no han sido investigados, pero el patrón es sospechoso. Hay sectores internos que impulsaron el negocio con Cisco pese a sus costos y sin respaldo técnico evidente. Si quisieran investigar penalmente, hay elementos de sobra para que la Fiscalía y la Contraloría General de la República indaguen por tráfico de influencias, dirección dolosa de contratación pública, abuso de autoridad y daño a la Hacienda Pública.
¿Quién está ganando con el 5G en Costa Rica? Porque no es el pueblo, lo que si es claro, es el entramado corruptivo, muy similar a los tiempos oscuros del bipartidismo.
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